Mientras cumplen con sus funciones, todas las personas asignadas a un cargo estatal producen, en conjunto, una gran cantidad de información. Mientras tanto, el sector privado y en general, la sociedad, hacen lo mismo. Toda esta información se recoge, procesa y registra en archivos y bancos de datos estatales y privados, de diverso tipo y con distintas finalidades. Nuestra Constitución señala que la información que producen, recogen, procesan y almacenan tanto el Estado como los privados puede ser accesible para cualquiera o sólo para determinadas personas debidamente autorizadas, o con derecho legítimo. 

Quien accede a la información oportunamente adquiere poder porque puede anticipar, conocer o entender una situación específica, y tiene capacidad para tomar decisiones; puede ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, la información pública debe ser accesible a todas las personas y cada individuo debe poder controlar legítimamente el tratamiento de sus datos personales.

Sin embargo, desde que en el Perú existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace ya casi quince años, la persona de a pie ha visto pocos beneficios. A lo largo de estos años el ciudadano o la ciudadana promedio prácticamente se ha enfrentado a la administración pública en busca de información, y cuando ha logrado que se le brinde, muchas veces ha sido una experiencia insatisfactoria. Acceder a información pública en poder de entidades privadas también es un ‘vía crucis’. Años después se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, una norma que regula un derecho fundamental aún poco entendido, y que, por esa circunstancia, busca ser aprovechado de manera muchas veces ilegítima.

El panorama muestra diversos problemas que atañen a la gestión de la información, y para corregirlos de manera integral, la institucionalidad existente ya ha mostrado sus límites. En la actualidad el acceso a la información responde al libre albedrío de ‘alguien’ en cada entidad requerida, y cuando el afectado acude al Poder Judicial debe someterse a la excesiva carga procesal, a decisiones contradictorias y la nula eficacia para hacer cumplir sus sentencias. El Tribunal Constitucional también exhibe problemas similares, aunque existe un mejor control del sentido de las decisiones. En cuanto a la entidad administrativa que vela por la protección de los datos personales, su diseño institucional no es el adecuado, toda vez que actualmente se ubica en un rango de segundo nivel dentro de una entidad del gobierno central, careciendo de las garantías para su autonomía e independencia.

El gobierno ha solicitado delegación de facultades legislativas para, entre otras cosas, crear una autoridad autónoma garante del derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales. La importancia de crear una entidad como la que propone el gobierno radica, por lo tanto, en la necesidad de construir institucionalidad para avanzar y profundizar en la vigencia de los derechos fundamentales al acceso a información pública y a la protección de los datos personales. Si reformar al Estado significa hacerlo eficaz (y si es eficiente mejor), el Estado debe complejizar los controles que mejoran la calidad de la gestión de la información, creando una entidad que, por sí misma, haga visible a los ciudadanos estos derechos y ejerza una intermediación proactiva y sancionadora. En una época en donde la calidad de la convivencia social reside, en buena parte, en el acceso y reutilización de la información, contar con un cuerpo especializado y autónomo dedicado a afianzar el flujo de la información hacia la sociedad, velando por el respeto a los derechos en juego, es una necesidad estratégica de cara a resguardar el futuro de la democracia.

En ese sentido, el carácter de urgencia de la propuesta se da por el ámbito de la política pública en donde el gobierno la ha insertado: la lucha contra la corrupción. Esta señal es innovadora desde todo punto de vista porque por primera vez el gobierno no sólo le reconoce a la ciudadanía un rol importante en el combate contra la corrupción, sino que le quiere dar un arma para incorporarse a la lucha: información. Y convertir a la ciudadanía en aliada del Estado, para ese fin, es algo urgente. Sólo mediante un adecuado y oportuno acceso a la información pública, y protegiendo correctamente los datos personales, se puede potenciar las capacidades de cada uno de los sectores de la sociedad e involucrarlos apropiadamente en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, con más información pública se potencia la capacidad del sector privado para mejorar sus prácticas corporativas, se potencia también a las organizaciones civiles y el periodismo, y, fundamentalmente, se empodera al ciudadano de a pie para que, por ejemplo, colabore denunciando anónimamente los signos exteriores de riqueza de funcionarios públicos, no acordes con sus ingresos, bienes y rentas declarados y publicados.

Una ciudadanía informada puede emplear y darle plena eficacia a la aplicación tecnológica para canalizar denuncias anticorrupción, cuya implementación el gobierno ha anunciado.

* Artículo publicado originalmente en el blog de Suma Ciudadana