El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS PERÚ) solicitó en octubre de 2013 al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) copia de los informes sustentatorios de los delitos ecológicos o ambientales que haya emitido durante el periodo 2008-2013. 

La OEFA pretendió negar el acceso a la información de estos documentos argumentando: 1) que habían sido generados en el marco de una investigación penal, la cual tiene carácter de reservada; 2) que era información confidencial al estar vinculada a investigaciones en trámite respecto de actividades de supervisión a cargo de la OEFA.

Respecto al primer argumento, el 7° Juzgado Constitucional resaltó que la OEFA no cumplió con precisar qué casos se encuentran en investigación fiscal y cómo la entrega de la información solicitada afectaría dicha investigación, aclarando que no basta con señalar que cierta información es reservada.

Ello concuerda con lo manifestado por establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 01219-2003-HD/TC, en el que estableció que “existe una presunción de inconstitucionalidad de intervenciones estatales sobre libertades preferidas y ello impone al Estado y a sus órganos la obligación de probar que existe, detrás de la reserva, un apremiante interés público que mantener, invirtiéndose la carga de la prueba”.

Respecto al segundo argumento -la confidencialidad de investigaciones en trámite-, aunque la sentencia no aborda el tema recordemos que dicha excepción, de acuerdo al inciso 3 del artículo 17° del T.U.O. de la Ley de Transparencia, cesa a los seis meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, se haya o no dictado resolución final.

El juez constitucional resalta además que la información vinculada a temas ambientales es de carácter público por ser de interés general.

Cabe señalar se trata de una sentencia de primera instancia y el fallo ha sido apelado por la OEFA.

Puede acceder al texto completo de la sentencia aquí.