ACTUALIZACIÓN: 

El 05.04.2016, la ONPE anunció que el Voto Electrónico será aplicado en 19 distritos y ya no en 30. Es decir, para aproximadamente 743 mil electores.

El 06.04.2016, la Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios relacionados (APESOFT) se pronunció en contra del Voto Electrónico.

El 08.04.2016, la ONPE respondió fuera de plazo y negativamente el pedido de acceso a la información pública presentado por el abogado Erick Iriarte.

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El próximo 10 de abril más de 3 millones de electores de 30 distritos sufragarán a través del sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP) implementado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). No obstante, la confianza en los resultados de dicho proceso electoral viene siendo amenazada por el secretismo de la ONPE sobre sus herramientas tecnológicas.  

¿Auditorías secretas?

El abogado Erick Iriarte, presentó el 21 de marzo una solicitud de acceso a la información pública ante la ONPE solicitando, entre otros, el registro de software de voto electrónico y las auditorías externas al mismo. Hasta la fecha, la ONPE no ha respondido dicha solicitud, pese a que de acuerdo al artículo 11.b) del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el plazo máximo de respuesta es de 7 días hábiles y dicho plazo venció el 01 de abril.
Actualización: ONPE respondió el pedido de información pública fuera de plazo y de manera negativa el 07.04.2016. Detalles sobre la respuesta aquí.

Aunque aún no se cuenta con una respuesta oficial al pedido de información, Gilbert Vallejos, Gerente General de la ONPE, ha declarado a los medios de prensa que las auditorías realizadas al Software del Voto Electrónico es información secreta[1], pese a que el Reglamento del Voto Electrónico (R.J N° 022-2016-J/ONPE) en su artículo 3.8 establece la implementación del VEP se rige por los principios de Publicidad y Transparencia, expresando que “la información de los procedimientos electorales es pública y accesible a todos los actores electorales, asegurando los mecanismos que permitan la auditabilidad del proceso electoral”.

Al respecto, sostenemos que las auditorías a la gestión pública jamás pueden ser calificadas como información secreta. La fiscalización del actuar del Estado debe regirse siempre por los principios de publicidad y máxima divulgación, pues es de altísimo interés público para la sociedad conocer los resultados de las mismas. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ya ha declarado en procesos de hábeas data que las auditorías (Exp. N° 03035-2012-PHD/TC) e incluso las reglas y procedimientos para realizar auditorías (Exp. N° 00937-2013-PHD/TC), son información pública.

Las acciones que pueden ejecutar los programas informáticos son infinitas. Las computadoras no necesariamente hacen sólo lo que se ve en la pantalla. Sin necesidad de ser un genio de la informática, se puede programar sencillamente las estaciones Voto Electrónico Presencial para que impriman un resultado y envíen a la estación de transmisión otro, guarden un registro de la identidad del votante o muestren a determinado candidato en una posición preferencial en pantalla. Es por ello que es necesario que se publiquen las auditorias al software del VEP, para constatar que dicho programa ha pasado por las pruebas necesarias para asegurar su seguridad y confiabilidad.

Más preguntas sin respuestas

La ONPE emitió un comunicado oficial expresando que el desarrollo del Software del Voto Electrónico ha sido fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, los resultados de dicha fiscalización tampoco son públicos. Información como esa debería estar colgada en la página web de la ONPE y el JNE como parte de su labor de transparencia activa.

Además, la ONPE justifica la seguridad y confiabilidad del Software del VEP, en que ha sido exhibido a los personeros de partidos políticos. No obstante, los personeros de partidos políticos (como Alianza Popular conformada por el APRA y el PPC) han presentado observaciones que a la fecha la ONPE tampoco ha respondido (puede ver las observaciones realizadas aquí)

La ONPE limita el derecho a la fiscalización ciudadana

Pese a que la fiscalización ciudadana es un derecho constitucional, el Reglamento del Voto Electrónico limita este derecho cuando únicamente permite que acceder al código fuente y revisar los equipos electrónicos a las organizaciones políticas y de observación electoral (artículo 4.2.1). Lógica similar a la del Jurado Nacional de Elecciones al implementar la “Ventanilla Única” de acceso a la información, donde sólo los representantes de organizaciones políticas podían corroborar la veracidad de las hojas de vida de sus candidatos.

Lejos de incentivar a la ciudadanía a participar de los procesos de fiscalización para mejorar la transparencia y generar mayor confianza en la ciudadanía, limitan dicho derecho a sólo a ciertos actores electorales. El código fuente del VEP debería ser de acceso público. Todos tenemos derecho a fiscalizar, no sólo los partidos políticos.

Instamos a la ONPE a publicar todos los documentos que aseguren la confiabilidad del proceso electoral. 

ACTUALIZACIÓN

El 05.04.2016, la ONPE anunció en un comunicado oficial que el Voto Electrónico será aplicado en primera vuelta en 19 distritos y ya no en 30. Es decir, para aproximadamente 743 mil electores. Y será aplicado en los 30 distritos y para más de 3 millones de electores en segunda vuelta. Según el comunicado, dicha decisión de adoptó "en aras de contribuir a un clima de confianza en la incorporación de este nuevo sistema de votación". Sin embargo, el retroceso de la ONPE (acompañada de la renuencia a publicar el código fuente y auditorias del software) genera más dudas respecto a la seguridad del Voto Electrónico.  Puede acceder al texto completo del comunicado aquí.  

El 06.04.2016, la Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios Relacionados (APESOFT) se pronunció en contra de la solución informática del Voto Electrónico creado por la ONPE, a través de su cuenta de Twitter. Entre sus observaciones se encuentran la falta de auditorias externas, la no publicidad del código fuente y la seguridad de los USB transmisores de resultados.

EL DATO: Además del procedimiento de acceso a la información pública, el abogado Erick Iriarte ha presentado una acción de amparo con medida cautelar para impedir la utilización de Software no auditado en las elecciones generales del 10 de abril, el cual ha sido declarado improcedente 

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[1] Gerente General de la ONPE, Sr. Gilbert Vallejos, en entrevista telefónica con Mariella Balbi en RPP Noticias el 01.04.2016.